Justos por pecadores e impunidad vigente

Crónica

Jessica Marcano

Neysmar Ávila fue detenida en la Avenida Atlántico
Neysmar Ávila fue detenida en la Avenida Atlántico

Rebeca Maricuto

17 de marzo: inician las clases de la Universidad Católica Andrés Bello de Ciudad Guayana, con el apoyo de algunos estudiantes y el repudio de otros. Las revueltas que se suscitaron a partir del 12 de febrero en contra del gobierno venezolano invadieron varias ciudades del país, incluyendo Puerto Ordaz. La tensión era “necesaria” para unos y “caso perdido” para otros; pero, independiente a la opinión de cada quien, en la Ucab hasta el que se mantuvo lejos de las protestas sufrió las consecuencias negativas de estos hechos.  Ese fue el caso de Neysmar Ávila.

De 17 años, caminaba de la Ucab hasta su casa con una amiga y un compañero de clases. Vivía, en aquel entonces, en la Urbanización Arivana, a pocos metros de la universidad. Acostumbraba a caminar por la cercanía. A pesar de que tenía cerca a un foco de guarimbas en Los Mangos, decidió volver a su residencia como lo hacía rutinariamente. Iban “de lo más tranquilos” por la Avenida Atlántico, cuando un grupo de siete jóvenes se aproximaron a ellos rápidamente, huyendo de la Policía Municipal. “De repente, empezaron a correr y nosotros, por el miedo, hicimos lo mismo”, explica la joven de piernas cortas y actitud insurrecta, ahora mayor de edad.

Su amiga subió rápidamente a un auto y ella corría de la mano con el muchacho, cuando “una tanqueta” los alcanzó. “¡Párate, mamagüevo, te vamos a quebrar! ¡Párate, no huyas!”, gritaban los funcionarios desde dentro. Ávila sintió que la única presa era su acompañante y lo soltó. En un intento por saltar la cerca hacia la Urbanización Los Saltos, fue interceptada por oficiales de la Policía Municipal. “Ajá, maldita puta, creíste que te ibas a escapar”, fue lo que escuchó mientras la halaban por el bolso que la ataba por ambos hombros.

Ávila, de cabello liso y naturalmente dorado, ojos claros y apariencia inofensiva, ahora estaba en manos de varios funcionarios municipales. “Me montaron en la tanqueta. Había unos detrás de mí, unos a cada lado y tres al frente. Me golpeaban la cabeza y no me dejaban subir la mirada. Me sembraron bombas molotov en el bolso. Durante todo ese rato, me estuvieron insultando, me insinuaban que me quitara la ropa y amenazaban con violarme”, narra la joven estudiante de tercer semestre de Comunicación Social.

La agresión hacia Ávila no se quedó en maltrato físico y psicológico: “Tenía mi teléfono entre el pantalón y el muslo y se notaba. Me pidieron que lo sacara y se los diera; lo hice y no me lo devolvieron más”. No conforme con el robo, más tarde, los oficiales llamarían a la estudiante para pedir dinero a cambio de su equipo telefónico y el de su amiga que, por error, las metió en un problema mayor. Su compañera, la que había corrido hacia el carro, también fue capturada en el acto. Ávila fue transferida a la misma patrulla donde estaba su amiga; allí comenzó la verdadera odisea.

Bajo las recurrentes amenazas de violación, el par de menores de edad fue “paseado” por varios puntos de la ciudad hasta que llegaron al “retén de La Chalana”. Aterrorizada por la idea de que sus padres se enteraran, ofreció dinero a cambio de su liberad. Sin ton ni son, los funcionarios accedieron. “Por ese motivo no pudimos denunciar y el caso no puede ser procesado. Además, como ellos tampoco nos registraron como detenidas, se metieron en problemas y nos atosigaron durante días por teléfono”, lamenta Ávila, que pagó por los menos inocentes y continúa su vida entre la impunidad.

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